La tranquilidad de una tarde común terminó de manera abrupta para una mujer. Su perra fue atacada por otra de gran porte, similar a un labrador. El episodio provocó lesiones en el animal y obligó a una rápida asistencia veterinaria.
Tras el ataque, la propietaria de la mascota afrontó gastos por consultas, medicamentos e inyectables. Con la documentación médica, fotografías y una exposición policial, inició una demanda para recuperar los gastos que desembolsó por la atención de su perra.
La mujer recurrió al juzgado de Paz de Enrique Godoy para promover una acción de cobro de pesos, en un proceso de menor cuantía, contra la dueña de la perra de gran porte. El fallo hizo lugar a la demanda y resolvió condenar a la demandada a reintegrar los gastos veterinarios en un plazo de diez días.
Ambas mujeres fueron notificadas de la audiencia prevista por la ley. Sin embargo, la dueña de la perra de tipo labrador no concurrió ni justificó su ausencia. Ante esa situación, la demandante ratificó su reclamo y solicitó la continuidad del proceso.
Al analizar el caso, el juez recordó que no asistir a este tipo de procesos implica tener por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos expuestos por la contraparte.
Además, evaluó la documentación presentada y concluyó que se encontraba acreditado que la mascota sufrió lesiones en la fecha indicada, que recibió atención veterinaria y que esa asistencia generó gastos por la suma reclamada.
La sentencia destacó que la constancia emitida por el profesional veterinario describía las lesiones, los tratamientos realizados y los costos correspondientes. También valoró la exposición policial y las fotografías, elementos que consideró suficientes para respaldar la versión de los hechos presentada por la demandante.
Con esos elementos, el magistrado tuvo por acreditada la responsabilidad atribuida a la demandada respecto del hecho dañoso y consideró procedente el reclamo indemnizatorio. Asimismo, indicó que en el trámite solo se solicitó el reintegro de los gastos veterinarios y que no se reclamaron intereses, por lo que la condena debía limitarse al monto solicitado.
El fallo dejó constancia de que, por tratarse de un proceso de menor cuantía, no corresponde el pago de tasa de justicia ni sellados. También señaló que no se regulan honorarios profesionales debido a la ausencia de representación letrada.