El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió que el vencimiento del plazo fijado para cumplir reglas de conducta en una condena condicional no impide que el Poder Judicial continúe el control sobre posibles incumplimientos ocurridos dentro de ese período. La decisión fijó además doctrina legal sobre la interpretación del artículo 27 bis del Código Penal y el alcance del control judicial en este tipo de condenas.
Con esa resolución, el tribunal hizo lugar a una impugnación extraordinaria presentada por el Ministerio Público Fiscal y anuló una decisión previa del Tribunal de Impugnación, que había considerado vencida la potestad jurisdiccional para supervisar las pautas impuestas a un condenado.
El caso se originó en septiembre de 2025, cuando el Juzgado de Ejecución de Cipolletti dispuso el archivo de las actuaciones al entender que había expirado el plazo de cumplimiento de las reglas de conducta fijadas en una condena de ejecución condicional.
La Fiscalía impugnó esa decisión y obtuvo una revocatoria en la instancia de revisión local. Sin embargo, la defensa recurrió nuevamente y el Tribunal de Impugnación resolvió, por mayoría, que el plazo para controlar el cumplimiento de las pautas previstas en el artículo 27 bis del Código Penal ya había vencido.
Frente a ese escenario, la Fiscalía presentó una impugnación extraordinaria ante el STJ. El máximo tribunal provincial admitió el recurso y convocó a una audiencia con participación del Fiscal General, el Defensor General y el condenado.
Durante el análisis del caso, el STJ señaló que la discusión central consistía en determinar si tanto el pedido de control como la decisión judicial debían concretarse antes del vencimiento del plazo fijado para las reglas de conducta, o si bastaba con que el presunto incumplimiento hubiera ocurrido dentro de ese lapso.
La sentencia sostuvo que el Tribunal de Impugnación realizó una interpretación incorrecta al considerar que el mero transcurso del tiempo impedía continuar el control judicial.
Según el fallo, el plazo previsto en el artículo 27 bis del Código Penal corresponde al tiempo otorgado para cumplir las reglas de conducta, pero no funciona como un límite fatal para que el Poder Judicial adopte decisiones posteriores vinculadas con posibles incumplimientos.
El STJ también indicó que el pedido de audiencia presentado por la Fiscalía había sido formulado dentro del plazo previsto y remarcó que no podía quedar sin efecto por cuestiones vinculadas con los tiempos administrativos o la agenda judicial.
Además, el tribunal consideró inapropiada la aplicación analógica de normas del Código Civil y Comercial sobre caducidad de derechos al régimen de ejecución penal condicional. Según explicó, se trata de institutos jurídicos diferentes y con finalidades distintas.
Las juezas y jueces sostuvieron que una interpretación contraria transformaría la condena condicional en una “dispensa prácticamente automática” de la pena cuando el incumplimiento ocurriera cerca del vencimiento del plazo fijado para las pautas de conducta.
En ese sentido, el STJ afirmó que el sistema de condena condicional implica un esquema de control y seguimiento del comportamiento del condenado, orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la sentencia.
La resolución concluyó que el agotamiento del plazo no equivale automáticamente a una declaración de cumplimiento de las reglas de conducta y que el procedimiento de control puede desarrollarse incluso después de vencido ese término, siempre que el presunto incumplimiento hubiera ocurrido dentro del período establecido.
En la parte resolutiva, el STJ anuló el punto cuestionado de la sentencia del Tribunal de Impugnación, revocó esa decisión y ordenó reenviar las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal para continuar el trámite de control de cumplimiento de las reglas oportunamente impuestas.