El Poder Judicial de Río Negro comenzó un proceso de digitalización de expedientes de conservación permanente, una tarea destinada a preservar documentación judicial de valor histórico e institucional que abarca desde los primeros años de funcionamiento del organismo hasta la actualidad.
La iniciativa se puso en marcha inicialmente en la Primera Circunscripción Judicial como experiencia piloto. El proyecto incluye “expedientes que datan de la década de 1960, correspondientes a los inicios del Poder Judicial provincial, así como actuaciones más recientes”, explicó Susana Belacastro, titular del organismo. Debido a su antigüedad y características, muchos de esos documentos requieren un tratamiento especialmente cuidadoso durante el proceso de digitalización.
Los expedientes de conservación permanente comprenden procesos vinculados con derechos reales y personalísimos. Por ejemplo, cuestiones de propiedad, usucapiones, prescripciones adquisitivas, sucesiones, adopciones y divorcios. También se incluyen otros trámites derivados de esas materias que, por su relevancia jurídica e histórica, deben resguardarse de manera definitiva.
Según las estimaciones realizadas por el área de Archivo Judicial, existen aproximadamente 120.000 expedientes de conservación permanente distribuidos en toda la provincia. En conjunto, representan cerca de 2.800.000 fojas que deberán ser digitalizadas.
Para llevar adelante la tarea en Viedma se cuenta con tres escáneres. Uno de ellos es de cama plana, especialmente destinado al tratamiento de documentación delicada o deteriorada por el paso del tiempo. Los otros equipos permiten el escaneo mediante alimentación múltiple para aquellos documentos que reúnen las condiciones necesarias.
La digitalización se realizará íntegramente con recursos propios del Poder Judicial. Tanto el personal encargado de la tarea como los equipos y herramientas necesarias pertenecen a la institución, sin recurrir a contrataciones externas.
Desde el área de Archivo destacaron que el proyecto se desarrollará de manera simultánea con las actividades habituales de las delegaciones judiciales. Esto implica continuar con la recepción de documentación, la atención al público, los movimientos diarios de expedientes y el resto de las tareas administrativas, mientras avanza el proceso de digitalización.
Además de preservar documentación de gran valor histórico y jurídico, la iniciativa permitirá fortalecer las condiciones de conservación de los expedientes y facilitar su consulta futura mediante soportes digitales.