Un terreno en disputa, ocupantes que se multiplican y límites que todavía no tienen una definición final. Frente a ese escenario, el Juzgado Multifueros de El Bolsón ordenó congelar la situación de una parcela de Mallín Ahogado y prohibió cualquier obra, ampliación o modificación hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
La medida fue dictada en una causa por mensura, deslinde, amojonamiento y subdivisión de un inmueble vinculado a una sucesión. El expediente reúne reclamos sobre los límites del predio, la ocupación de distintos sectores y los derechos que invocan varias personas sobre la tierra.
El pedido fue presentado por una heredera reconocida en la sucesión. A través de la Defensa Pública, denunció situaciones que afectaban la posesión que ejerce sobre una parte del terreno y pidió una orden judicial para impedir nuevos cambios mientras avance el proceso.
Entre los hechos señalados figuran movimientos de alambrados, acumulación de restos de poda, ingreso de animales de granja y una ocupación creciente de distintos sectores del inmueble. También se plantearon conflictos de convivencia y situaciones de tensión vinculadas con el uso del predio.
La jueza tuvo en cuenta un mandamiento de constatación realizado en el lugar, que permitió identificar a varias personas instaladas en la parcela. Ese relevamiento fue clave para evaluar el estado del terreno y la necesidad de evitar nuevas modificaciones antes de que exista una decisión definitiva.
La resolución alcanza a las personas identificadas en el expediente como ocupantes del inmueble. A partir de la orden judicial, deberán abstenerse de colocar o retirar alambrados, solicitar servicios, realizar construcciones, ampliar las existentes o dejar restos de poda sobre los accesos.
La prohibición también incluye soltar animales de granja cuando eso implique invadir sectores ajenos o generar nuevas molestias. Además, impide cualquier otro acto que pueda ser considerado una intromisión injustificada sobre las parcelas ocupadas por la heredera que solicitó la medida.
Para el juzgado, existía un riesgo concreto de que el conflicto se agravara sin una intervención preventiva. La magistrada valoró que todavía no hay una delimitación final del inmueble y que el proceso busca precisamente establecer cómo debe dividirse la tierra y cuáles son los límites de cada sector.
La decisión no define quién es dueño del terreno ni resuelve el fondo de la disputa. Tampoco ordena desalojos ni reconoce derechos definitivos sobre las parcelas. Su alcance es más acotado, pero práctico: impedir que el estado actual del predio cambie mientras se tramita la causa.
En términos concretos, la orden busca evitar hechos consumados. Una nueva construcción, un cerco corrido de lugar o la ampliación de una ocupación podrían complicar la futura resolución judicial y profundizar el conflicto entre quienes reclaman derechos sobre el inmueble.
La medida permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia definitiva o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Mientras tanto, el terreno deberá quedar sin nuevas obras, sin ampliaciones, sin movimientos de cercos y sin intervenciones que alteren la situación existente.