Una llamada con la promesa de un premio terminó en una estafa bancaria. Los delincuentes consiguieron acceder a la cuenta de un empleado público de Bariloche, sacaron un préstamo y transfirieron el dinero a terceros. El hombre denunció el fraude, pero las cuotas del crédito comenzaron a descontarse de su sueldo. El caso llegó al Poder Judicial, que declaró nulo el préstamo y condenó a la entidad bancaria por las fallas de seguridad que permitieron la operación.
La maniobra comenzó cuando el hijo del damnificado recibió una llamada de personas que decían representar a YPF. Le anunciaron que había ganado un premio y que necesitaban una cuenta bancaria para depositarle el dinero. Como no tenía una propia, recurrió a la de su padre, que cobraba su salario a través del Banco Patagonia.
Ambos acudieron a una sucursal de la entidad en la calle Moreno de Bariloche y siguieron las instrucciones de los supuestos responsables del premio. En ese intercambio, los estafadores obtuvieron información personal y bancaria que les permitió acceder a la cuenta. Poco después, el hombre advirtió que había quedado bloqueada y llamó al banco para denunciar lo ocurrido y solicitar la cancelación de sus tarjetas.
La situación se agravó cuando recibió un correo electrónico que le informaba sobre la creación de un usuario de banca electrónica que nunca había autorizado. Al día siguiente volvió a la sucursal y descubrió que terceros habían obtenido un préstamo personal a su nombre. El dinero había ingresado a su cuenta y luego había salido mediante dos transferencias de 100.000 pesos cada una hacia cuentas de la billetera virtual Prexcard.
El banco inició una investigación interna y solicitó el bloqueo de las cuentas receptoras y la devolución del dinero, pero no consiguió recuperarlo. El cliente, que desconocía la contratación del crédito, comenzó a sufrir descuentos en su cuenta. Ante esa situación, presentó una demanda por daños y perjuicios en el fuero Civil y cuestionó la seguridad de los sistemas que habían permitido concretar las operaciones.
La entidad rechazó su responsabilidad y atribuyó el fraude a la conducta del propio cliente. Sostuvo que había entregado sus claves personales a los delincuentes y que, sin esa información, no habría sido posible contratar el préstamo. También argumentó que los mecanismos de seguridad bancaria no podían impedir una operación cuando el titular facilitaba sus datos confidenciales a terceros.
Sin embargo, una pericia informática aportó un elemento decisivo para resolver el conflicto. El informe estableció que, al momento de la estafa, el sistema del Banco Patagonia permitía contratar préstamos personales por canales digitales sin exigir un segundo factor de autenticación. Bastaba con ingresar el usuario y la contraseña, sin necesidad de utilizar un token o una tarjeta de coordenadas para confirmar la solicitud.
El juez onsideró que esa modalidad no ofrecía las garantías necesarias para proteger a los clientes. Señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas, verificar la identidad de quienes solicitan créditos y advertir movimientos que no coincidan con el comportamiento habitual de una cuenta. La obligación de seguridad, sostuvo, no desaparece porque una persona haya sido engañada para entregar información bancaria.
“La causa eficiente de la disposición final del dinero de la actora no fue ello, sino la deficiente seguridad del banco al momento de otorgar el mutuo bancario”, expresó el magistrado en la sentencia. De esa manera, rechazó el argumento de la entidad, que pretendía trasladar al cliente toda la responsabilidad por la maniobra de los estafadores.
La sentencia reconoció el derecho del cliente a recuperar el dinero que que le habían descontado de su cuenta, con los intereses correspondientes. También admitió una sanción por daño punitivo ante el incumplimiento de las obligaciones de seguridad de la entidad. Para justificarla, el juez tuvo en cuenta la existencia de otros reclamos judiciales por estafas similares contra clientes del Banco Patagonia. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.