Servidores instalados en distintas ciudades, centros de datos que requieren mantenimiento permanente y equipamiento que debe renovarse cada pocos años forman parte de la estructura que sostiene actualmente los sistemas informáticos del Poder Judicial de Río Negro. Ante este escenario, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó a la Dirección General de Sistemas a avanzar en el análisis de la factibilidad técnica y jurídica de una futura migración progresiva de sistemas y servicios a la nube.
La iniciativa se encuentra en una etapa de evaluación. El objetivo es determinar las condiciones necesarias para reducir, de manera gradual, la dependencia de la infraestructura física distribuida en la provincia. El análisis incluirá aspectos técnicos, jurídicos, económicos y de seguridad, además de las condiciones contractuales aplicables a este tipo de servicios.
La estructura actual creció con fuerza a partir de la Reforma Procesal Penal de 2017. El Poder Judicial instaló seis centros de datos y, posteriormente, sumó servidores y equipos de telecomunicaciones en al menos otras ocho localidades.
Esa distribución permitió sostener los servicios ante las limitaciones de conectividad que existían en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, el esquema exige administración, monitoreo, respaldo y actualización de equipos, además del mantenimiento de baterías, grupos electrógenos, sistemas eléctricos y refrigeración.
Como parte de los estudios preliminares, el Área de Informatización de la Gestión Judicial comparó tres alternativas para los próximos cinco años: comprar nueva infraestructura, alquilar hardware o utilizar servicios en la nube. Dentro del alcance económico analizado, la utilización de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube de Amazon, presentó el menor costo estimado.
El estudio también identificó ventajas vinculadas con la posibilidad de ampliar o reducir los recursos informáticos de acuerdo con las necesidades de cada servicio. A diferencia del esquema actual, este modelo permite adecuar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos al consumo efectivo.
A partir de estos antecedentes, la Dirección General de Sistemas deberá profundizar el análisis sobre las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para una eventual migración. Entre otros aspectos, se deberán evaluar las características de los servicios, las condiciones contractuales de los proveedores, la seguridad de la información, la administración de los datos y los requisitos legales aplicables.
El análisis técnico también comprenderá un relevamiento de servidores, aplicaciones, bases de datos, archivos, integraciones, licencias y dependencias. Esta instancia permitirá determinar qué sistemas podrían trasladarse, qué adecuaciones resultarían necesarias y bajo qué condiciones podría desarrollarse una eventual transición.
En caso de verificarse la factibilidad y de avanzarse posteriormente con la iniciativa, una migración requerirá una implementación progresiva. Los sistemas de menor complejidad y con pocas dependencias podrían constituir las primeras experiencias para evaluar costos, rendimiento, seguridad y configuraciones antes de considerar servicios más críticos.
La capacitación del personal también integra los aspectos bajo análisis. Una eventual transición requeriría formación en arquitectura de nube, automatización, seguridad, administración de permisos, monitoreo, control del consumo y respuesta ante incidentes.
Los centros de datos actuales continuarán operativos mientras se desarrolla el análisis y, ante una eventual migración, durante el período de transición que se determine. Allí podrán permanecer equipos de telecomunicaciones y otros componentes necesarios para garantizar la continuidad de los servicios.
La propuesta contempla además el análisis de entornos diferenciados para el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público.
La autorización otorgada constituye una instancia previa a cualquier decisión de contratación. Una eventual implementación deberá ajustarse a las condiciones técnicas y jurídicas que surjan del análisis y a los procedimientos administrativos de contratación que correspondan.