El Superior Tribunal de Justicia rechazó las quejas presentadas por las defensas de los cuatro condenados en el caso por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray. De esta manera, quedaron confirmadas las condenas que habían sido revisadas por una nueva integración del Tribunal de Impugnación.
El máximo órgano judicial rionegrino sostuvo que el Tribunal de Impugnación, con una nueva integración, “dio cabal cumplimiento al mandato de revisión integral y exhaustiva” que se había ordenado.
En dos oportunidades el STJ había recalcado la necesidad de una sentencia que realice una revisión integral de los planteos de las defensas para evitar arbitrariedades. En esas ocasiones no decidió sobre los montos de las penas ni las responsabilidades, sino de la obligación de tratar cada uno de los puntos que argumentaron las partes.
El Superior Tribunal destacó que en este caso “el fallo organizó su análisis de manera sistemática y pormenorizada, en tanto abordó la acusación y el principio de congruencia; valoró la prueba producida en el debate oral; examinó la calificación legal del abuso de autoridad; analizó individualmente la posición de cada acusado; se pronunció sobre el concurso real y fundó la determinación de la pena para cada condenado”.
Como lo solicitó el STJ en fallos anteriores, en todos esos puntos “el órgano revisor expresó sus propias razones con sustento en la prueba del juicio y en la doctrina legal aplicable, sin limitarse a reproducir lo resuelto en etapas anteriores. Esa labor satisface plenamente lo dispuesto por este Superior Tribunal de Justicia”.
La resolución alcanza a Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo, Marcelo Ariel Contreras y Maximiliano Ariel Vitali Méndez. Este último Tribunal de Impugnación estuvo integrado por Romina Lía Martini, Alejandra Berenguer y Sandro Gastón Martín.
El STJ concluyó que las presentaciones de las defensas no lograron demostrar un error en la decisión que había rechazado los recursos extraordinarios. También señaló que los cuestionamientos reiteraban planteos vinculados con la valoración de la prueba y las conclusiones jurídicas que ya habían recibido respuesta.
Entre otros aspectos, las defensas cuestionaron el principio de congruencia, la responsabilidad atribuida a cada uno de los acusados, la relación entre sus conductas y el resultado, la calificación jurídica, el concurso de delitos y las penas impuestas.
Con esta decisión se agotaron las instancias provinciales de revisión de las condenas.