Más de 300 personas del Poder Judicial participaron del ciclo de capacitación sobre la aplicación de las Reglas de Heredia y de Brasilia en la publicación de sentencias judiciales. La actividad fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro y estuvo destinada a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias y personal de los distintos fueros del Poder Judicial de la provincia.
La capacitación se realizó en un contexto institucional marcado por la ampliación de la política de transparencia judicial. Desde diciembre de 2023, las decisiones de todos los tribunales de la provincia están disponibles en el buscador de sentencias del Poder Judicial. La publicación digital de fallos se desarrolla desde hace varios años y se amplió de manera progresiva a distintos organismos jurisdiccionales.
A fines de 2018, el área de Informatización de la Gestión Judicial desarrolló un sistema de búsqueda para los fallos del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal de Impugnación. Luego, se incorporaron las decisiones del fuero Penal y, en etapas posteriores, las del fuero Civil, Laboral, Contencioso Administrativo y los Juzgados de Paz.
La Acordada N.º 19/2023 del Superior Tribunal de Justicia estableció la publicación de fallos de todos los fueros, incluidos los de Familia y Ejecución Penal, que hasta entonces eran reservados. En resguardo de los datos sensibles, la norma exige la aplicación de las Reglas de Heredia y de las Reglas de Brasilia para anonimizar el contenido y toda otra información que permita identificar a personas en situación de vulnerabilidad.
La página web permite buscar fallos de todos los organismos jurisdiccionales. Las sentencias del Superior Tribunal de Justicia aparecen en el botón “Fallos del STJ”, mientras que las sentencias de los tribunales inferiores de todos los fueros se encuentran en el botón “Fallos jurisdiccionales”.
El sistema permite localizar las sentencias mediante una o más palabras clave, la carátula del expediente, el número de sentencia, el número del expediente, el organismo que la dictó y la fecha del pronunciamiento. Una vez encontrada la resolución, el texto completo se puede imprimir, descargar, compartir desde el celular mediante el código QR que aparece al final de cada sentencia o enviar por correo electrónico.
En ese marco, la propuesta de capacitación se desarrolló en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom de la Escuela de Capacitación Judicial, y se organizó en cuatro encuentros independientes, con inscripción y certificación por jornada. El cronograma incluyó el fuero Civil, el 8 de mayo; el fuero de Familia, el 22 de mayo; el fuero Laboral, el 29 de mayo; y el fuero Penal, el 5 de junio. Cada encuentro tuvo una duración de una hora y media, de 12 a 13.30.
El taller tuvo como eje la aplicación de las Reglas de Heredia y de Brasilia en la publicación de sentencias y actos administrativos judiciales. La capacitación buscó fortalecer criterios comunes para garantizar un equilibrio adecuado entre la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, en especial cuando intervienen personas en situación de vulnerabilidad.
Durante los encuentros se trabajó sobre la publicidad de las sentencias y actos administrativos como actos de gobierno, la transparencia judicial, la protección de derechos, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, la Ley Provincial B 3246 y los alcances de la Acordada N.º 19/2023.
El módulo técnico transversal abordó diferencias conceptuales entre reserva, anonimización, disociación e inicialización. También se analizaron criterios para seleccionar técnicas de resguardo de información, errores frecuentes en la anonimización de datos y el uso de herramientas digitales disponibles en los sistemas de gestión judicial. Además, se trabajó sobre pautas de redacción orientadas a suprimir datos innecesarios, prevenir la identificación indirecta, resguardar la intimidad y evitar la revictimización.
Cada encuentro permitió revisar las particularidades de los distintos fueros. En el fuero Civil se abordó el tratamiento de datos personales en procesos patrimoniales, la publicación de domicilios y bienes, la identificación indirecta en contextos locales y el análisis de casos vinculados con desalojos, amparos de salud y sucesiones.
En el fuero de Familia se trabajó sobre la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes, los procesos de violencia familiar y de género, la identificación indirecta en vínculos familiares y las pautas de redacción para evitar la revictimización. También se analizaron casos vinculados con medidas cautelares, régimen de comunicación y adopciones.
En el fuero Laboral se analizaron criterios para el tratamiento de datos sensibles, como información sobre salud o discapacidad, la identificación en entornos laborales y la publicidad de conflictos individuales y colectivos. El encuentro incluyó el análisis de casos sobre accidentes de trabajo, despidos y discriminación.
El cierre del ciclo estuvo previsto con el fuero Penal, donde se abordaron el tratamiento de datos sensibles en procesos penales, la protección de víctimas de delitos sexuales y de violencia de género, la aplicación del principio de prevalencia de la privacidad y las pautas de redacción para evitar la revictimización y la exposición innecesaria de los hechos.
El módulo Penal también incorporó un eje específico sobre el uso del transcriptor de audiencias. Allí se trabajó sobre los riesgos de la transcripción automática de declaraciones, las diferencias entre registro interno y difusión pública, la necesidad de revisión y edición previa a la publicación, los criterios de anonimización en contenidos transcriptos y las buenas prácticas en la utilización de herramientas tecnológicas.
La actividad tuvo una metodología teórico-práctica, con exposiciones breves, análisis de casos concretos de cada fuero, intercambio de experiencias y resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la anonimización de datos.
Los encuentros estuvieron a cargo de Luciano Videla, director de la Dirección de Comunicación Judicial; Marcela Marín, directora de la Oficina de Derechos Humanos y Género; Juan Cruz García, subdirector de la Dirección de Comunicación Judicial; Fabricio Álvarez, delegado de la Dirección de Comunicación Judicial; y Ana Paula Borda, delegada de la Dirección de Comunicación Judicial.
La capacitación formó parte de las acciones destinadas a fortalecer criterios comunes para la publicación de sentencias judiciales, el uso responsable de la información, la protección de datos personales y sensibles, y el acceso a la información pública judicial.