Tenía un empleo formal, estable y con ingresos mensuales elevados. Cuando una orden judicial comenzó a retenerle parte del salario por incumplir con la cuota alimentaria de su hijo, renunció. Esa decisión fue interpretada por la jueza como un indicio de disminución voluntaria de ingresos que impacta directamente sobre el interés superior del niño. Luego de analizar el expediente, un fallo de Familia fijó una cuota de dos canastas de crianza.
La causa se inició con la demanda de la madre, que quedó a cargo del niño tras la ruptura de la pareja en 2024, en un contexto en el que se dictaron medidas de protección por violencia familiar. Desde entonces, el sostén económico y la organización cotidiana recaen sobre ella, sin aportes regulares del padre.
El niño tiene siete años y requiere un esquema de cuidado que no admite interrupciones. Su situación de salud implica tratamientos terapéuticos, acompañamiento profesional y apoyo escolar. No se trata de gastos eventuales, sino de una estructura permanente que ordena su vida diaria.
Esa estructura la sostiene la madre. Trabaja en dos escuelas, organiza cada jornada y coordina los tiempos del niño. La rutina incluye traslados, terapias y acompañamiento constante. Los abuelos maternos forman parte de ese engranaje para cubrir horarios y sostener el ritmo cotidiano.
El padre se presentó a responder la demanda: negó los hechos de violencia y cuestionó los montos reclamados. Planteó que no podía afrontar una cuota de ese nivel. Sin embargo, la prueba mostró que mantiene capacidad para trabajar, que no tiene impedimentos acreditados y que conserva aptitud para generar ingresos.
Para resolver, la jueza no se limitó a los ingresos actuales declarados por el progenitor. Analizó su situación laboral previa, los niveles salariales que había percibido y las circunstancias en las que se produjo su desvinculación. La renuncia, posterior al inicio de las retenciones judiciales, fue considerada un indicio de reducción voluntaria de ingresos. A partir de esa secuencia, el fallo valoró su capacidad productiva potencial —y no solo sus ingresos actuales— para determinar el alcance de su obligación alimentaria.
Además, la cuota no se fijó como un monto fijo ni como un porcentaje del ingreso. El fuero de familia adoptó otro criterio: el equivalente a dos canastas de crianza para la edad del niño. Es un valor dinámico, que hoy supera el millón doscientos mil pesos mensuales y que se actualiza de manera automática según los índices del INDEC.
La referencia a las canastas de crianza busca evitar que la cuota quede desfasada frente al costo real de sostener el interés superior del niño.