Todas las personas que ingresan a trabajar al Poder Judicial de Río Negro o que ascienden en sus carreras judiciales deben aprobar una evaluación sobre derechos humanos en clave de género. Desde 2023 a la fecha, más del 40 por ciento del total del personal judicial, incluyendo jueces, juezas, funcionariado y agentes de todos los escalafones, ya pasó por este tipo de exámenes. La Oficina de Derechos Humanos y Género de Río Negro presentó ante sus pares de todo el país la primera evaluación de resultados de la Acordada 20/22 del Superior Tribunal de Justicia, que dispuso los exámenes obligatorios en esa materia para todos los concursos de ingreso y ascenso al Poder Judicial.
Esa política institucional, que ya se aplicó para el ingreso y/o el ascenso de más de 1.100 personas, fue incorporada al “Informe sobre Buenas Prácticas de los Poderes Judiciales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres”. La publicación del compendio nacional está disponible en la página web de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el enlace https://om.csjn.gov.ar/om/files/informe_buenas_practicas.pdf. La presentación se formalizó los días 2 y 3 de octubre, en el encuentro anual de Oficinas de Género, realizado en Córdoba. El compendio de Buenas Prácticas es una herramienta de consulta colaborativa que reseña actividades destacadas de todas las Oficinas de Género de los Poderes Judiciales del país. Allí figuran los fundamentos de cada proyecto, sus evaluaciones de impacto, así como los desafíos que cada oficina encontró para su implementación y las recomendaciones para que otras oficinas puedan replicar esas experiencias en sus provincias. La práctica seleccionada por Río Negro revela que desde 2023 a la fecha, alrededor de 80 magistrados/as, defensores y fiscales ingresaron mediante concursos ante el Consejo de la Magistratura en los que se evaluaron contenidos específicos sobre perspectiva de género y derechos humanos. En tanto que más de 220 agentes administrativos y profesionales de organismos auxiliares, organismos jurisdiccionales y cuerpos de gestión ingresaron al Poder Judicial con esos contenidos evaluados y aprobados mediante los concursos que implementa la Gerencia de Gestión Humana. Finalmente, en los últimos dos años, más de 750 agentes judiciales ascendieron en su carrera administrativa mediante concursos internos en los que se evaluaron esos contenidos. Los materiales de estudio fueron elaborados por la Oficina de Derechos Humanos y Género. Recientemente fueron actualizados para ser aplicados a los futuros concursos, con la incorporación de técnicas de lenguaje claro aportadas por la dirección de Comunicación Judicial, y de material gráfico diseñado por el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, entre otros cambios. El informe de Buenas Prácticas que compila la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema es una herramienta de actualización anual en la que se documentan y sistematizan proyectos y políticas institucionales de relevancia impulsadas por las Oficinas de la Mujer y de Género de los Poderes Judiciales del país. Esta política se complementa con las capacitaciones internas obligatorias en materia de derechos humanos y género, en el marco de la Ley Micaela, que ya realizaron más de 2.200 personas.