Fallo ordena pagar las quincenas a tres albañiles que armaron la estructura de un edificio en Cipolletti

La Cámara del Trabajo de Cipolletti resolvió en favor de tres albañiles que demandaron a su empleador por falta de registro laboral y pago de remuneraciones adeudadas. La sentencia reconoció la relación de dependencia en la construcción de un edificio en la calle Primero de Mayo. Se estableció que los hombres se desempeñaron como oficiales carpinteros sin estar registrados legalmente.

 

El fallo indicó que los trabajadores percibieron un salario diario sin registración formal y que al no recibir tres quincenas intimaron al empleador a regularizar su situación. Ante la falta de respuesta, dieron por terminada la relación laboral.

 

Los albañiles habían sido contratados para realizar el armado de estructura y llenado de hormigón y lozas en el edificio Atlas 8 de la calle Primero de Mayo 128 de Cipolletti.

 

Los trabajadores intentaron una conciliación pero el demandando no se presentó a la audiencia. Entonces impulsaron el juicio laboral.

 

En esa instancia, el responsable de la construcción del edificio negó la relación laboral y adujo que firmaron un contrato a precio fijo. También alegó un problema de salud, que lo obligó a trasladarse a Buenos Aires y a Córdoba. Sostuvo que a raíz de esa circunstancia se produjo un desorden administrativo y extravió la documentación relacionada a las obras que dirigía.

 

El tribunal determinó que la relación laboral quedó acreditada a través de testimonios y pruebas periciales. Además, se comprobó la ausencia de aportes a la seguridad social y la falta de entrega de certificados de trabajo.

 

Se condenó a la persona que dirigía la obra a pagarle distintas sumas de dinero a cada uno de los tres trabajadores. Las indemnizaciones incluyen salarios adeudados, aguinaldo y vacaciones proporcionales. También deberá entregar los certificados de trabajo y servicios en un plazo de 60 días, bajo apercibimiento de sanciones diarias por incumplimiento.

 

El tribunal notificó además a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Secretaría de Trabajo de la provincia y a la asociación sindical sobre la situación irregular detectada.