Un hombre del Alto Valle que envió mensajes de textos con expresiones violentas y xenofóbicas a una compañera de trabajo tuvo que donar 50 mil pesos al hospital. No solo eso, sino que se vio obligado a someterse a un proceso terapéutico para evitar la repetición de este tipo de conductas. Tuvo que completar la sanción con una capacitación en varones y masculinidades.
La defensora adjunta de Cipolletti destacó que la resolución fue producto de un trabajo conjunto entre la defensa y la fiscalía, conforme al artículo 14 del Código Procesal Penal. Sostuvo que la solución alcanzada priorizó los intereses y deseos de la denunciante, quien buscaba una resolución pacífica del conflicto.
La fiscala de Catriel informó durante la audiencia que el Ministerio Público no continuaría con la persecución penal del caso. Entendió que el conflicto primario se resolvió de manera adecuada y que no se afectó gravemente el interés público. Consideró que el imputado cumplió con todas las condiciones impuestas, incluso el tratamiento psicológico y la donación.
En este contexto, la jueza de garantías cerró el caso luego de corroborar que se había cumplido la donación para el hospital de Catriel, el tratamiento psicológico y el curso de masculinidades.
El legajo penal se inició con la denuncia de la damnificada, una trabajadora de nacionalidad extranjera. Ella consignó que su compañero le envió mensajes de textos con expresiones violentas y xenofóbicas.
En lo que va del año, las y los jueces penales de la provincia participaron de 7.440 audiencias y dictaron 1.355 sentencias entre condenas, absoluciones y sobreseimientos.
Se realizaron 2.136 formulaciones de cargo, 538 juicios abreviados y 214 debates.
Los datos surgen del informe semestral del Centro de Planificación a partir de las estadísticas elaboradas e informadas por la Dirección General de Oficinas Judiciales Penales.