Un fallo de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 13 de Viedma resolvió un proceso de expropiación impulsado por la Provincia de Río Negro en el marco del Plan Director de Desagües Cloacales. Las obras, que permitieron la inauguración de la planta de volcado cero para la capital provincial, pasaron por campos de distintos propietarios.
En este caso, son 5 procesos expropiatorios distintos, pero agrupados jurídicamente en el mismo expediente. Algunos rubros fueron admitidos pero el monto final deberá calcularse en una etapa posterior. El fallo ya fue apelado por el Estado Provincial, por lo que será revisado en otras instancias.
El caso se originó a partir de la necesidad de ocupar distintos inmuebles rurales ubicados en cercanías de la capital provincial para la construcción de un colector cloacal y su conexión con una nueva planta depuradora. Las propiedades fueron declaradas de utilidad pública mediante resoluciones administrativas dictadas en 2019, lo que habilitó el proceso expropiatorio.
Si bien los propietarios aceptaron la expropiación, rechazaron los montos ofrecidos inicialmente por el Estado provincial, lo que derivó en un litigio centrado exclusivamente en la determinación de una indemnización “justa”, tal como lo exige la Constitución Nacional.
El juez analizó un voluminoso conjunto de pruebas, que incluyó pericias agronómicas, tasaciones, informes de la Junta de Valuaciones, inspecciones oculares y testimonios. A partir de ese análisis, estableció el valor objetivo de cada inmueble y ordenó su actualización conforme distintos criterios jurisprudenciales.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la determinación de las fechas de desapoderamiento, es decir, el momento en que los propietarios perdieron efectivamente la posesión de sus tierras. En algunos casos, se consideró que la ocupación ocurrió antes de la formalización judicial, cuando comenzaron las obras en 2018.
Respecto de los montos, la sentencia fijó indemnizaciones que van desde poco más de 4 millones de pesos para las parcelas más pequeñas, hasta cifras superiores a los 700 millones en el caso de los campos de mayor extensión. En particular, se reconocieron valores diferenciados según las características de cada inmueble, como su ubicación, aptitud productiva y posibilidad de riego.
Luego de tener en cuenta todas las tasaciones, un campo de 1200 metros cuadrados cerca de una urbanización se valuó en 55 mil dólares, otro de 360 hectáreas en 137 mil dólares y una de 218 hectáreas, pero con aptitud de riego y uso productivo, en 174 mil dólares. Los montos se pesificaron al valor MEP y se aplicaron los intereses correspondientes de acuerdo a la jurisprudencia, totalizando 1500 millones de pesos.
El fallo también reconoció que, en ciertos casos, la expropiación generó daños adicionales. Por ejemplo, en uno de los campos se consideró acreditado que la quita de superficie afectó su condición de “unidad productiva”, lo que impactó en la actividad ganadera. No obstante, la cuantificación de esos perjuicios fue diferida para la etapa de ejecución de sentencia.
Hace dos años había finalizado un proceso expropiatorio similar, por la misma obra, también impulsado por la Provincia contra dueños de campos. Aunque en algunos casos los propietarios son las mismas personas, se trata de un juicio distinto.
En ese caso la sentencia de primera instancia fue apelada por la Provincia. Antes del fallo de la Cámara Civil, hubo acuerdo entre las partes por lo que el proceso fue suspendido.