Un hombre de Villa Regina presentó un amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de una ordenanza municipal que autoriza al intendente de esa ciudad a celebrar contratos de leasing para adquirir vehículos y maquinaria vial.
El Juzgado Civil de Regina rechazó la demanda y remarcó los requisitos necesarios para habilitar esta vía excepcional. La jueza indicó que solo procede cuando existe un daño claro, manifiesto, grave y sin vías legales alternativas para resolverlo. Concluyó que el caso no cumplía con esas condiciones.
En su presentación, el hombre sostuvo que la sanción de la norma local contiene un vicio formal, ya que la contratación fue aprobada por mayoría simple. Además, como vecino y contribuyente, afirmó que la adquisición de maquinarias mediante esta modalidad resulta onerosa para el patrimonio local. También solicitó una medida cautelar para suspender la ejecución de la Ordenanza Nº 20/2025.
La jueza citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia provincial, en particular el fallo “Costa Brutten”, donde se reafirma la necesidad de demostrar un interés concreto, directo y actual para tener legitimación activa en acciones de inconstitucionalidad.
Sostuvo que no basta con invocar la condición de ciudadano ni el interés genérico en la legalidad, y que este tipo de acciones no constituye una “acción popular”.
Determinó que el hombre no acreditó un agravio directo ni una afectación concreta a sus derechos por la ordenanza cuestionada. Por lo tanto, resolvió rechazar in limine —es decir, sin analizar el fondo del asunto— la acción de amparo.