En su infancia, una mujer guardó postales que llegaban desde Italia. Todas estaban firmadas por el hombre que, por un tiempo, la pasaba a buscar por la escuela y compartía momentos con ella. Según su relato, él jamás puso en duda que fuera su hija. Pero nunca la reconoció legalmente. Y cuando murió, ella tenía apenas ocho años.
El tiempo pasó. La madre, que la había criado sola, siempre se opuso a iniciar cualquier acción legal. Nunca quiso que su hija reclamara nada. Pero un día, ya adulta, la mujer decidió avanzar. Presentó una demanda ante el Poder Judicial de Río Negro. Quería algo que no estaba escrito en su documento: el apellido de su padre.
Contó que su madre había quedado embarazada en el contexto de una relación sentimental con un hombre casado. A partir de ahí, enfrentó el rechazo familiar y debió tener a su hija en una institución benéfica. La crió en soledad, en condiciones muy difíciles, sin acceso a salud ni estabilidad económica.
El hombre murió en 1998. Los restos fueron cremados, igual que los de la madre. Cuando la mujer adulta se reencontró años más tarde con una de sus posibles hermanas, le pidió ayuda para confirmar su origen. Esa hermana no lo desmintió, pero tampoco quiso afirmarlo con claridad. Le dio algunas fotos. Después se negó a acompañarla en el pedido de reconocimiento familiar.
Finalmente, la mujer recurrió a la vía judicial. Quiso que el apellido que faltaba en su acta de nacimiento apareciera también allí. Lo hizo por identidad.
Una de las hijas del fallecido se presentó en el expediente. Dijo que desconocía si su padre había tenido hijos extramatrimoniales. Aceptó someterse a la prueba de ADN. Como no se contaba con muestras de los progenitores, el análisis comparó los perfiles genéticos de las dos mujeres.
El resultado fue contundente: había una probabilidad superior al 99,99 % de que compartieran el mismo padre. El índice de relación biológica fue 160.000 veces mayor que el esperado entre personas sin vínculo alguno. Ninguna de las partes impugnó la pericia.
Ante ese escenario, la jueza de Familia de Cipolletti valoró los elementos del caso: el relato no fue cuestionado, la prueba genética fue clara y el derecho a la identidad se presentó como eje. La decisión ordenó modificar el acta de nacimiento. También autorizó que, desde ese momento, la mujer llevara ambos apellidos. Uno de ellos, el que durante años sólo estuvo en aquellas postales firmadas desde Europa.