Un hombre de Bariloche compró una Fiat Toro Freedom MT6 4×2 0 km con la expectativa de obtener un vehículo confiable y funcional. Sin embargo, en menos de un año, el vehículo ingresó al taller mecánico 11 veces por fallas en el sistema de recirculación de gases (DPF). Los desperfectos evidenciaron que el modelo, pensado para trayectos largos, no era adecuado para el uso urbano.
Por eso, el comprador inició una demanda civil contra Fierro Automotores S.A. y FCA Automobiles Argentina S.A. Alegó que el vehículo, lejos de cumplir con las expectativas propias de un 0 km, se convirtió en una fuente constante de contratiempos.
El fallo de primera instancia fue contundente: el tribunal ordenó la rescisión del contrato de compraventa y condenó a las empresas a indemnizar al comprador y a entregarle un vehículo similar. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Minería de Bariloche.
Desde el inicio, el vehículo presentó fallas graves vinculadas con su sistema de regeneración de gases. Según el informe pericial, este sistema exigía que el vehículo circulara a más de 60 km/h y 2000 revoluciones por minuto durante 20 minutos para completar la regeneración del filtro. En caso contrario, el diésel no quemado se acumula en el motor, lo que deriva en un aumento del nivel de aceite en el cárter, aceleraciones inesperadas y un deterioro del filtro DPF.
El tribunal señaló que esas condiciones no fueron informadas al comprador al momento de la venta. Según la Ley de Defensa del Consumidor, los proveedores tienen el deber de proporcionar información clara y precisa sobre las características esenciales del producto, algo que no ocurrió en este caso.
“La falta de información clara y precisa privó al comprador de tomar una decisión consciente”, subrayó el tribunal.
El fallo concluyó que el Fiat Toro no era apto para su destino urbano, condición que debió haber sido advertida antes de la venta. Bariloche, con su tránsito congestionado y sus limitaciones de velocidad, no permite alcanzar las condiciones de conducción necesarias para que el sistema de regeneración funcione correctamente. Esto provocó que el vehículo ingresara repetidamente al taller, lo que afectó su funcionalidad y la expectativa del comprador.
El juzgado no solo ordenó la rescisión del contrato, sino que también aplicó una multa por daño punitivo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y destacó que la ley ampara al consumidor en casos donde el producto no cumple con las condiciones para su uso publicitado.