Una viedmense inició una causa por daños y perjuicios contra una entidad bancaria. Relató una serie de hechos que, en la práctica, habían llevado al banco a ubicarla en categoría 5 de morosidad, lo que había comprometido su “credibilidad financiera”, según destaca en la denuncia.
El proceso pareció revolverse con un acuerdo homologado por el juez civil de la capital provincial. En dicho convenio, el banco Supervielle se comprometió a abonar a la vecina un millón cuatrocientos mil pesos, además de removerla de su condición de deudora.
Como parte del reclamo, la clienta desistía de continuar el proceso y también de concurrir a Defensa del Consumidor.
El banco tenía diez días hábiles a partir de la homologación del acuerdo, que fue a finales de marzo de este año, para hacer efectivo el pago. Además, debía quedar en cero cualquier eventual saldo deudor. Para ello, la entidad crediticia tenía también diez días para expedir un libre deuda.
Sin embargo, el banco no cumplió. Entonces, la vecina debió iniciar un proceso de ejecución por “incumplimiento de lo acordado en la sentencia homologatoria”. El juez resolvió a su favor, e intimó a la entidad bancaria a cumplir en cinco días “bajo apercibimiento de aplicar en concepto de astreintes $ 10.000 diarios por día cada día hábil de incumplimiento”.